DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL CONFLICTO ISRAEL-PALESTINA
La tensión palestina se endureció de nuevo tras el ataque de los tribunales israelíes contra la mezquita Al-Aqsa para expulsar a varias familias del barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el martes, 11 de mayo, que Israel intensificaría sus ataques contra Gaza. Desde entonces, ya han muerto más de 200 personas, muchas de ellas menores de edad. En Cisjordania también han muerto varias personas jóvenes, entre ellas menores de edad. En este sentido, en los últimos días Israel ha llevado a cabo cientos de bombardeos en Gaza.
El Ejército israelí movilizó a 5.000 reservistas y se preparó para una ofensiva de duración indeterminada.
La ONU ha alertado de este nivel de violencia y de sus consecuencias sobre la población palestina.
Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Tolosa:
-
Denuncia las violaciones de derechos humanos que Israel hace al pueblo palestino. En este sentido, hace un llamamiento a la comunidad internacional para frenar esta ofensiva militar y retomar las vías de diálogo y negociación, apoyando la petición del presidente palestino, Mahmud Abbas, de celebrar una Conferencia Internacional de Paz con apoyo de las instituciones europeas.
-
En el 73 aniversario de Nakba, denuncia y condena la ocupación ilegal de Israel a los territorios palestinos, al tiempo que expresa su solidaridad y compromiso con la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, tal y como establece el Derecho Internacional.
-
Pide a las instituciones vascas que refuercen la ayuda humanitaria a Palestina, cuya situación se ha visto agravada aún más por la pandemia.
DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN COLOMBIA
El pasado 28 de abril, el pueblo colombiano salió a las calles en demanda de condiciones de vida justas, en contra de la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y en la exigencia de un país en paz con justicia social.
Desde entonces se encuentran en Paro Nacional indefinido y desde entonces, la respuesta del Gobierno ha sido una brutal represión contra las personas que legítimamente están ejerciendo su derecho a la protesta, exigiendo una vida digna y el respeto a los derechos humanos.
En un sistema democrático uno de los derechos fundamentales es el de la protesta social y éste debe de ser respetado y garantizado por el Estado.
Debe garantizarse la reivindicación pacífica tanto de las demandas sociales por un sistema tributario justo y progresivo que permita cubrir las necesidades básicas de la población, como en las que exigen un desarrollo real e integral de los Acuerdos de Paz, fundamental para el avance hacia una paz estable y duradera.
Según diversas plataformas desde el inicio del Paro Nacional se reportan múltiples casos de violencia policial, personas asesinadas y heridas, detenciones arbitrarias, violencia sexual por parte de la Fuerza Pública, siendo muchas las imágenes grabadas con vídeos caseros en las diversas ciudades del país que no dejan lugar a dudas y muestran a una Fuerza Pública que usa armas de fuego contra una población, en una represión violenta e indiscriminada.
Ante esto, no podemos permanecer callados.
La población colombiana está siendo reprimida, perseguida, herida y asesinada por la Fuerza policial y por tanto debemos recordar al gobierno que es su responsabilidad proteger y garantizar los Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Por todo ello,
-
Denunciamos la represión brutal e injustificada contra quienes legítimamente protestan en las calles.
-
Instamos al Gobierno de Iván Duque que proteja y garantice el ejercicio de los Derechos Humanos de toda la población colombiana.
-
Demandamos el esclarecimiento de todos los hechos de violencia protagonizados por la Fuerza Pública y que se definan las responsabilidades que correspondan, tanto en los niveles oficiales de las mismas como en aquellos gubernamentales que han dado estas órdenes.
-
Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que han sufrido y sufren las consecuencias de la criminalización de la protesta.
-
Denunciamos la utilización por parte de grupos ajenos a las movilizaciones del momento de escalada de la violencia para saquear y atacar bienes comunes y también la utilización de estos actos para criminalizar la protesta social.
